La Ley Micaela fue promulgada en enero de 2019, a dos años del femicidio de Micaela García, una joven que fue violada y asesinada a los 21 años de edad, en la localidad de Gualeguay por Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes penales que se encontraba en libertad condicional, beneficio concedido por la Justicia de la provincia de Entre Ríos. Ella era militante del Movimiento Evita y también del movimiento “Ni Una Menos” y fue asesinada.

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en los temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, y posteriormente las casas de altos estudios se suman a la legislación.

Si bien las universidades tienen autonomía, el Consejo Interuniversitario Nacional les sugiere que realicen capacitaciones, no solamente en las autoridades, que es lo que la Ley Micaela define, sino también en los distintos claustros docentes, no docentes y estudiantes. Y también para las autoridades del CIN. Y otro punto muy interesante es que las universidades incorporen los contenidos de género a los programas de estudio de las distintas disciplinas. Y este es un avance enorme.